ACEPRENSA
ESPAÑA: REFORMA DE LA
LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Nota Episcopado español
Carlos Llanos (15-02-2006)
Fecundación artificial: de medicina a industria |
La reforma de la ley española de reproducción asistida consagra la explotación comercial de gametos y embriones. El Parlamento español ha debatido el proyecto para reformar la ley de reproducción asistida, elaborado por el gobierno el año pasado (ver aceprensa 57/05). Es una reforma ideológica, que levanta casi todos los límites al uso y explotación de embriones humanos, en beneficio de las clínicas del ramo. Carlos Llanos valoraba la reforma pocas semanas antes de ser votada en el Parlamento. |
El proyecto del gobierno es una reforma de la ley vigente en España
sobre técnicas de reproducción humana asistida (Ley 35/1988),
ya reformada hace tan solo un poco más de dos años (Ley
45/2003). El 21 de diciembre de 2005, dicho proyecto fue aprobado en
la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Así,
la aprobación definitiva de esta ley queda pendiente de su votación
en este mes de febrero en el Pleno del Congreso y su tramitación
posterior en el Senado.
Si el proyecto de ley fuera aprobado tal y como está ahora, España contaría con una de las legislaciones más permisivas del mundo en materia de fecundación "in vitro" (FIV) e investigación con embriones, quedando las puertas abiertas a la obtención expresa de embriones con fines de investigación, tanto mediante técnicas de FIV como de clonación. Asimismo, se autorizaría el uso de técnicas de diagnóstico genético pre-implantatorio (DGP) con el objetivo de seleccionar embriones según diferentes "circunstancias clínicas, terapéuticas y sociales", sin más requisitos que su aprobación en las comisiones pertinentes.
La reforma anterior
La ley vigente, aprobada en 1988, a pesar de ser una de las leyes más permisivas de su época, prohibía la obtención de embriones humanos con cualquier fin distinto a la procreación, así como cualquier tipo de clonación humana; sólo permitía la investigación con embriones muertos o no viables y restringía el uso del DGP a la selección de embriones en función de su viabilidad y con el fin de descartar su transferencia en casos de enfermedad grave.
En 2003 la ley 35/1988 fue reformada con el objeto de solucionar el grave problema de acumulación de embriones humanos congelados que eran abandonados por sus progenitores en las clínicas de reproducción (ver Aceprensa 179/03). Aunque se desconocía el número exacto de embriones congelados en las clínicas españolas, su número podría rondar los 100.000-200.000 (sólo una clínica valenciana tenía 40.000).
La reforma de 2003 daba a las parejas diferentes opciones para que determinasen el destino de los embriones que se hubieran congelado antes de la entrada en vigor de la reforma. Entre estas opciones, se preveía la posibilidad de que la propia madre asumiera gestar los embriones, se donaran a otras parejas con fines reproductivos o se descongelaran. En relación a esta última posibilidad, se permitía que la pareja permitiera la utilización con fines de investigación de las células que quedaran tras la descongelación del embrión, sin que en ningún caso se permitiera su reanimación.
Para evitar que se volviera a repetir la acumulación de embriones, la ley de 2003 limitaba a tres el número de óvulos que se podían fecundar y el número de embriones que se podían transferir a la mujer en cada ciclo, regulando en un protocolo adicional los casos que requiriesen un número mayor de óvulos. En cualquier caso, antes de iniciar un nuevo tratamiento, las parejas debían firmar un compromiso por el que asumían la transferencia futura de los embriones que pudieran obtenerse, previéndose que en caso de no poder producirse la transferencia (p.ej.: muerte de la madre) serían donados a otras parejas con fines reproductivos como única opción. De esta manera se quería asegurar que el equipo médico ajustaría el tratamiento al número de niños que la pareja podía asumir, evitando que se quedaran embriones congelados y sin transferir. A la vez, se quería evitar que la solución extrema dada para los embriones acumulados hasta 2003 pudiera incentivar la generación de embriones sobrantes para ser usados en el futuro.
Giro radical
El enfoque del actual proyecto de ley plantea un giro radical, rompiendo con el marco ético previsto en el Convenio de Oviedo. La mayor parte de los cambios que la nueva ley introduce hacen referencia a aspectos no directamente relacionados con el tratamiento de los problemas de infertilidad. Sus objetivos reales son:
a) Abrir las técnicas de reproducción asistida a ámbitos diferentes al de la infertilidad, permitiendo que parejas fértiles puedan acudir a las técnicas FIV con el objeto de seleccionar algunas características de los embriones. De esta manera se permite la selección eugenésica de embriones para permitir lo que se viene denominando "bebés medicamento".
b) Modificar la legislación vigente en relación a la investigación con embriones humanos, hasta el punto de permitir la creación expresa de embriones para investigar mediante cualquier técnica existente (FIV, técnicas de clonación-transferencia nuclear, partenogénesis…).
c) Eliminar las principales cláusulas de la Ley 35/1988 que protegían a la mujer frente a tratamientos abusivos y evitaban un uso industrial y comercial del embrión humano.
Embriones "sobrantes": de problema a mina
La reforma carece de justificación clínica y social. Sin que hayan transcurrido más que dos años desde la última reforma de la Ley 35/1988, ni se haya denunciado la presencia de problemas en su aplicación, se acomete una reforma "ideológica" que rebaja todas las protecciones existentes para la mujer, los niños y los embriones. Los grandes beneficiados por esta norma son las clínicas privadas de fertilidad, que pasan de tener "un problema" de acumulación de embriones a tener "una mina" de donde extraer nuevos beneficios.
La ley va mucho más allá de lo anunciado por el gobierno y por la propia ley. A raíz de la polémica suscitada por determinados medios de comunicación sobre "los bebés medicamento", el Ministerio de Sanidad se comprometió a autorizar que algunas parejas fértiles con hijos enfermos pudieran hacer uso de las técnicas FIV y el DGP para generar y seleccionar embriones que fueran histo-compatibles con sus hermanos enfermos. Los embriones seleccionados serían transferidos y gestados por su propia madre, para que una vez nacidos, pudieran donar células de sangre del cordón umbilical a sus hermanos enfermos, sin peligro de rechazo. Por el contrario, los embriones no compatibles, aunque fueran viables, serían desechados, donados o destinados a investigación.
Utilizando esta polémica, el gobierno ha presentado una ley que plantea cambios radicales en materia de selección e investigación con embriones humanos, ya que permite no sólo la generación de embriones con fines distintos a la procreación, sino también su comercialización y uso industrial.
Lo que no se dice
De esta manera, de hecho, se aprueba una ley que prepara el terreno para la futura Ley de Investigación Biomédica que actualmente redacta el Ministerio de Sanidad. Así, la nueva ley de reproducción asistida derriba las barreras que protegían a la mujer y al embrión, dejando la pista libre a una ley que puede promover el desarrollo de una industria consumidora de gametos y embriones humanos.
La técnica legislativa utilizada en la nueva ley es confusa. Para comprender con exactitud los objetivos y el verdadero calado de la reforma, no basta con leer el texto, sino que es necesario compararlo con el que había y conocer las intenciones de algunas clínicas y empresas biotecnológicas. Los cambios más importantes están en "lo que no se dice".
Además, el legislador incurre en errores de gran calado colisionando con lo recogido en algunas normas vigentes de mayor rango, como son el Código Penal Español, el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa (Convenio de Oviedo) o la recientemente aprobada (en España) Constitución Europea.
Permite la clonación
En resumen, el proyecto presenta los siguientes puntos críticos:
1. Se autoriza la generación expresa de embriones para investigar. Mediante la eliminación del art. 3 de la Ley 35/1988, se autoriza la creación expresa de embriones con fines de investigación, en contra de lo establecido en el Código Penal y el Convenio de Oviedo.
2. Se permite la clonación humana no reproductiva. La prohibición expresa de la clonación con fines reproductivos que se recoge en el artículo 1 de la nueva ley, en realidad, lejos de prohibir la clonación humana, abre la puerta a cualquier práctica de clonación que se realice con otro fin distinto al reproductivo (terapéutico, de investigación, industrial...). Es necesario recordar que las técnicas de clonación son idénticas con independencia del fin, y que los intereses económicos no están en la "clonación reproductiva" sino en las "modalidades" para las que esta ley deja vía libre.
Además, al permitir la clonación "terapéutica", el proyecto colisiona con la prohibición genérica de toda práctica de "creación de seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos" que se recoge en el Código Penal vigente, así como con la prohibición expresa de "obtener embriones humanos para investigar" o "de clonar seres humanos" que se recoge en el Convenio de Oviedo y su Protocolo Adicional, que España ha firmado y ratificado.
3. Se fomenta la generación de embriones sobrantes destinados a la investigación. El proyecto suprime los límites al número de óvulos que pueden ser fecundados en cada ciclo y elimina la obligación de crioconservar los embriones sobrantes, permitiendo que sean utilizados directamente ("en fresco") para investigar. Este hecho desincentiva claramente el control del número de embriones sobrantes y la moderación en las estimulaciones ováricas a las mujeres.
Tráfico de embriones
4. Se permite la comercialización, tráfico y uso industrial de los embriones. Tal es el efecto de la nueva redacción del capítulo cuarto sobre investigación con gametos y embriones humanos y la eliminación de varias "infracciones muy graves" (art. 20) de la ley vigente (1). Ésta es una de las implicaciones más graves y rechazables de la norma. A la vez, esto abre la puerta a cualquier tipo de investigación con embriones sobrantes sin atender a que estén vivos y sean viables. De esta manera, la ley desoye los llamamientos del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de proteger al embrión humano viable.
Este punto de la reforma elimina también cualquier restricción al tipo de investigación que se podría aplicar sobre el embrión vivo viable sobrante, fuera del límite de que cuente con el permiso de la pareja, no se desarrolle más allá de 14 días y no sea transferido con fines reproductivos. Más concretamente, se eliminan sin justificación algunas restricciones éticas importantes como la exigencia de "demostrar científicamente que [la investigación] no puede realizarse en el modelo animal".
5. El proyecto autoriza cualquier tipo de selección eugenésica de embriones humanos, en contra de lo establecido en el Código Penal, el Convenio de Oviedo o la Constitución Europea (2). Esta trasgresión se hace evidente en el punto 3 del art. 12, donde se permite la selección de embriones mediante DGP de embriones perfectamente sanos, siguiendo un criterio diferente al de la propia viabilidad del embrión, como la histocompatibilidad con un tercero.
Esta circunstancia se hace aun más grave cuando se alude a elementos tan difusos como "las circunstancias clínicas, terapéuticas o sociales" como criterios de autorización de los proyectos, y cuando se recuerda que el legislador ha eliminado la prohibición de seleccionar el sexo del embrión del capítulo de sanciones e infracciones de la Ley 35/1988.
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(1) Algunas "faltas muy graves" eliminadas por la nueva ley: "e) Comerciar con preembriones o con sus células, así como su importación o exportación"; "f) Utilizar industrialmente preembriones, o sus células, si no es con fines estrictamente diagnósticos, terapéuticos o científicos en los términos de esta ley o de las normas que la desarrollen, y cuando tales fines no puedan alcanzarse por otros medios"; "g) Utilizar preembriones con fines cosméticos o semejantes"; "n) La selección del sexo o la manipulación genética con fines no terapéuticos o terapéuticos no autorizados"; "p) La fusión de preembriones entre sí o cualquier otro procedimiento dirigido a producir quimeras"; "q) El intercambio genético humano, o recombinado con otras especies, para la producción de híbridos"; "r) La transferencia de gametos o preembriones humanos en el útero de otra especie animal, o la operación inversa, que no estén autorizadas"; "s) La ectogénesis o creación de un ser humano individualizado en el laboratorio".
(2) La redacción del proyecto colisiona con el artículo
art II-63 de la Constitución Europea: "En el marco de la
medicina y la biología se respetarán en particular: (...)
la prohibición de las prácticas eugenésicas, en
particular las que tienen como finalidad la selección de las
personas".
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ARCHIVO
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ESPAÑA
EL GOBIERNO AUTORIZA EL SACRIFICIO DE 140 EMBRIONES HUMANOS
Al igual que ocurriera ya en Valencia y en Andalucia, el gobierno
español ha vuelto a autorizar la destrucción de embriones
humanos para investigar. En esta ocasión se trata de 140 seres
humanos en fase embrionaria, entregados al grupo de biólogos barceloneses
que coordina Juan Carlos Izpisúa. Se
trata de hijos de parejas que los concibieron in vitro y ya no desean
gestarlos ni darlos en adopción.
Con esta decisión el aparato político-administrativo impone nuevamente sus criterios utilitaristas que justifican dañar a unos para beneficio de otros o para beneficio de la ciencia, lo cual es contrario al principio más básico y universalmente aceptado de la medicina: primum non nocere, lo primero es no hacer daño.
No es pues de extrañar que se detecte creciente malestar entre los profesionales de la medicina y defensores de los derechos humanos. Muchos recuerdan que nunca se ha llevado a cabo en nuestro país un auténtico debate social libre sobre el tema.
La investigación con células madre embrionarias se presentan a la opinión pública como una investigación terapéutica. Se trata sin embargo de un conjunto de estudios biológicos que en sí mismos son ajenos a la medicina. De hecho incumplen criterios médicos elementales como el respeto que todo ser humano merece o el precepto de que es en él mismo sobre quien debe recaer el beneficio directo de las investigaciones que se realicen con su cuerpo. En efecto, la investigación con células madre embrionarias comienza destruyendo a los embriones humanos vivos sobre los que debe investigar, alegando un supuesto beneficio futuro para otros.
Por otra parte, la investigación con embriones humanos ignora la posibilidad de usar células madre no embrionarias procedentes del propio enfermo (células madre adultas) para lograr con ventaja los mismos objetivos.
Nota del gabinete de prensa del ministerio de sanidad
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Autorizado un nuevo proyecto de investigación con células madre embrionarias en nuestro país, dirigido por Ana Veiga y Juan Carlos Izpisúa Por la Comisión de Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, presidida por el Director del Instituto de Salud Carlos III, Francisco Gracia Este proyecto, presentado por la Generalitat de Cataluña, es el quinto autorizado por la Comisión desde que en octubre se aprobó el Real Decreto por el que se permitía en nuestro país el inicio de las investigaciones con células madre Los cuatro proyectos anteriormente aprobados fueron propuestos por la Junta de Andalucía y por la Generalitat Valenciana 24 de junio de 2005. El Instituto de Salud Carlos III ha comunicado hoy a la Generalitat de Cataluña la decisión adoptada por la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos de autorizar un nuevo proyecto de investigación con células madre embrionarias en nuestro país. Este proyecto, presentado por la Generalitat de Cataluña, está dirigido por los investigadores Ana Veiga y Juan Carlos Izpisúa. De esta forma, este proyecto se suma a los cuatro ya autorizados el pasado mes de febrero por la Comisión. De ellos, tres fueron presentados por la Junta de Andalucía (dirigidos por Bernat Soria, José López Barneo y Ángel Concha López) y uno por la Generalitat Valenciana (dirigido por el investigador Carlos Simón). El inicio de las investigaciones con células madre embrionarias en nuestro país fue posible tras la aprobación por parte del Gobierno, el 29 de octubre de 2004, del Real Decreto por el que se establecían los requisitos y procedimientos que deben cumplir los proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones provenientes de las técnicas de reproducción asistida. Estas investigaciones podrían ofrecer en un futuro respuesta a enfermedades incurables de gran prevalencia en la actualidad, como la diabetes o el parkinson, entre otras. Para su evaluación, el Gobierno constituyó en noviembre la Comisión, que es la encargada de elaborar los informes técnico-científicos y éticos de estos proyectos. PROYECTO DE ANA VEIGA Y JUAN CARLOS IZPISÚA El proyecto autorizado pretende lograr, en una primera fase, la derivación de líneas de células troncales embrionarias humanas en condiciones libres de materiales no humanos y, en una segunda, la caracterización “in vivo” de su pluripotencialidad. Por tanto, no se trata sólo de obtener nuevas líneas, sino de hacerlo en condiciones que permitan su futura utilización terapéutica y de demostrar su pluripotencialidad “in vivo”, algo que hasta ahora sólo se había conseguido en ensayos con ratones inmunodeficientes adultos, mediante la producción de teratomas generados por la inyección en testículo de estas líneas celulares. Así, con este proyecto se dará un paso más en la demostración de la pluripotencialidad de las células madre embrionarias. En definitiva, se trata de demostrar que las líneas obtenidas son capaces, como las células troncales embrionarias de las que proceden, de producir tejidos de las tres hojas embrionarias cuando se inyectan en un blastocisto de ratón. El Comité ha exigido que el desarrollo embrionario se interrumpa a los 9 días, suficientes para comprobar la capacidad pluripotente de las líneas, pero muy lejos del momento del nacimiento del ratón. MIEMBROS DE LA COMISIÓN La Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos que debe autorizar todos los proyectos que utilizan células madre embrionarias está presidida por el Director del Instituto de Salud Carlos III. La Comisión está constituida por seis miembros. Tres de ellos han sido nombrados a propuesta de las Comunidades Autónomas: Antonio Torres Olivera (Andalucía), Jesús Santiago Ares Martínez (Galicia) y José Jerónimo Navas Palacios (Cataluña). Los tres restantes han sido designados por parte de la Administración central y son: Carlos María Romeo-Casabona (Ministerio de Justicia), Carlos Martínez Alonso (Ministerio de Educación y Ciencia) y Javier García-Sancho Martín (Ministerio de Sanidad y Consumo). El secretario de la Comisión es el Subdirector General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa. |